"Financiar la política o financiar el poder: una elección democrática"

1. Introducción: Democracia no se escribe sin pluralismo

La democracia es, ante todo, un sistema de convivencia plural. No se trata solo de contar votos, sino de garantizar que todas las voces tengan la oportunidad real de ser escuchadas, organizadas y representadas. Como advirtió el politólogo italiano Giovanni Sartori, “la democracia necesita partidos políticos; sin partidos, no hay representación política, y sin representación, no hay democracia”. Sin embargo, no basta con permitir la existencia de partidos: es necesario garantizar condiciones materiales mínimas para su participación efectiva.

En el caso de República Dominicana, el sistema político ha estado marcado por períodos de concentración de poder y de progresiva apertura, aunque con tensiones entre el pluralismo formal y la desigualdad real de condiciones. Desde la instauración del voto directo en 1924 hasta el colapso del autoritarismo trujillista en 1961, y luego con la consolidación de la democracia en 1978, el país ha transitado entre intentos de apertura política y prácticas que favorecen a los actores dominantes.

Uno de los mecanismos más discutidos en esta evolución ha sido el financiamiento público a los partidos políticos, establecido de manera más formal en la Ley 275-97 (hoy derogada y sustituida por la Ley 33-18 y la Ley Orgánica del Régimen Electoral 20-23). Este financiamiento ha tenido como objetivo declarado equilibrar la competencia política, reducir la dependencia de intereses privados y garantizar transparencia. Pero en la práctica, ha reproducido una lógica concentradora que beneficia a los partidos con mayor representación en detrimento de las organizaciones emergentes.

Aun así, el principio subyacente es valioso: una democracia auténtica requiere un sistema de partidos sostenido por recursos públicos, como garantía de independencia frente a los grandes capitales y como base para el pluralismo. La Comisión de Venecia lo afirma con claridad en su “Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral”: “El Estado debe garantizar que todos los partidos tengan una oportunidad realista de participar en igualdad de condiciones, especialmente a través del financiamiento público proporcional.”

En el plano internacional, países como Alemania, Suecia, México y Chile han adoptado modelos de financiamiento público que buscan precisamente sostener el pluralismo. En Alemania, por ejemplo, se otorgan recursos a partidos que obtienen al menos el 0.5% de los votos nacionales, bajo el criterio de estimular la diversidad sin dispersar en exceso el sistema. En México, el financiamiento se calcula en función del número de ciudadanos inscritos en el padrón, lo que crea un piso mínimo que evita el estrangulamiento financiero de partidos minoritarios.

Volviendo al caso dominicano, el esquema actual —donde el 80% de los recursos se reparte entre los partidos que obtuvieron más del 5% de los votos y solo un 12% se distribuye entre el resto— ha sido objeto de severas críticas por su carácter restrictivo. En palabras del fallecido senador y secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, en un discurso del 2012: “No puede haber democracia con partidos pobres y campañas millonarias. Ese es el terreno fértil de la corrupción electoral.”

La reflexión, entonces, es doble: ¿qué tipo de sistema queremos construir? ¿Uno que sostenga un juego cerrado entre los grandes partidos, o uno que reconozca el valor institucional de los emergentes y les permita desarrollarse? El pluralismo no es una concesión generosa, es una necesidad estructural para una democracia estable y legítima.

2. El financiamiento público como pilar de la democracia moderna

El financiamiento público a los partidos políticos no es un lujo presupuestario, ni mucho menos una concesión caprichosa. Es, en los términos más estructurales, una herramienta esencial para garantizar la integridad del sistema democrático, asegurar la competencia en condiciones mínimas de equidad y evitar la captura de la política por intereses privados o ilegítimos.

2.1 ¿Por qué el Estado debe financiar a los partidos?

El argumento central es claro: sin recursos, no hay acción política posible. Las campañas electorales, las actividades de formación, la construcción de plataformas programáticas y la conexión con la ciudadanía requieren inversión. Cuando el financiamiento depende únicamente de fuentes privadas, el riesgo de corrupción política, clientelismo y desigualdad estructural aumenta.

El politólogo mexicano José Woldenberg lo resumió con precisión:

“Un sistema sin financiamiento público tiende a degenerar en plutocracia o en dictadura encubierta de los grandes intereses económicos.”

En sistemas democráticos consolidados, el financiamiento público busca:

• Reducir la dependencia de los donantes privados, evitando la compra de influencia.

• Fomentar la transparencia, ya que los recursos públicos están sujetos a fiscalización.

• Garantizar el pluralismo, permitiendo que partidos con menor respaldo económico accedan al debate público.

• Nivelar parcialmente el terreno electoral, especialmente en contextos de alta desigualdad social, como el dominicano.

2.2 Evolución y realidad en República Dominicana

En el país, el financiamiento público fue formalizado en los años 90 con la Ley 275-97, en el contexto de una creciente presión por transparentar el sistema político tras años de prácticas clientelistas. Con el paso del tiempo, el modelo se consolidó, aunque con fuertes sesgos en la asignación: el 80% de los fondos se destinan a partidos que superan el 5% de los votos válidos emitidos, lo cual perpetúa una asimetría significativa.

Según datos de la Junta Central Electoral, en el año electoral 2020 se repartieron más de RD$ 1,200 millones entre los partidos reconocidos. Sin embargo, el 12% destinado a los partidos minoritarios se distribuyó entre más de 20 organizaciones, resultando en montos que apenas alcanzaban para operativos logísticos mínimos, mucho menos para competir con efectividad.

En ese sentido, el modelo actual ha sido criticado por expertos como Rosario Espinal, quien sostiene que:

“El sistema de financiamiento público dominicano reproduce la lógica de los grandes partidos y margina estructuralmente a las alternativas emergentes.”

2.3 Comparaciones internacionales: ¿cómo lo hacen otros países?

Países con democracias más maduras han diseñado esquemas mixtos de financiamiento que buscan equilibrio y representatividad. Algunos ejemplos:

• Alemania: combina financiamiento público proporcional a los votos obtenidos con incentivos para donaciones individuales pequeñas (matching funds), y un umbral mínimo del 0.5% de los votos para acceder a fondos.

• México: otorga financiamiento ordinario a todos los partidos con registro, calculado sobre el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Los partidos minoritarios reciben menos, pero siempre tienen una base suficiente para operar.

• Chile: implementó un sistema de reembolso proporcional por votos obtenidos y estableció límites estrictos al financiamiento privado.

Estas experiencias muestran que el financiamiento público no solo es viable, sino necesario para la salud del sistema democrático, siempre y cuando se complemente con reglas claras, fiscalización efectiva y una visión inclusiva.

2.4 No basta con dar recursos: importa cómo se asignan

Un error frecuente es suponer que el simple hecho de otorgar recursos públicos resuelve el problema de la inequidad. La forma en que se distribuyen —porcentajes, umbrales, condiciones de acceso— determina si realmente se fomenta el pluralismo o si se consolida un sistema cerrado. En el caso dominicano, el modelo de distribución vigente favorece la concentración de recursos en los partidos tradicionales, generando una “oligarquía electoral” que limita la renovación política.

3. Desigualdad estructural y el acceso a los recursos

En cualquier sociedad con profundas brechas sociales, el acceso al poder político suele estar determinado —más que por las ideas o la calidad de los liderazgos— por los recursos disponibles para competir. Esta realidad se intensifica en sistemas democráticos donde el financiamiento privado predomina o donde el financiamiento público se distribuye de forma inequitativa. República Dominicana no escapa a esa lógica.

3.1 La política como terreno desigual

Históricamente, la política dominicana ha sido un espacio donde el acceso a los recursos define, en gran medida, la capacidad de movilización. Desde las décadas de los 80 y 90, con el auge del clientelismo y el patrimonialismo electoral, el dinero se convirtió en un factor decisivo. Como escribió el historiador Frank Moya Pons:

"La política se transformó en una empresa que necesitaba inversionistas, no solo votantes."

Este patrón ha perdurado hasta nuestros días, y ha sido reforzado por una distribución del financiamiento público que reproduce las desigualdades en lugar de corregirlas.

3.2 El 5% como barrera estructural

La Ley 33-18 establece que los partidos que no alcanzan el 5% de los votos válidos emitidos reciben apenas una fracción (el 12% del total asignado) del financiamiento público. En la práctica, esto crea una barrera de entrada para nuevas fuerzas políticas: sin recursos suficientes para desarrollar una campaña efectiva, les resulta casi imposible superar ese umbral, quedando atrapadas en un ciclo de marginación.

En el año 2020, por ejemplo, solo 3 partidos accedieron al 80% del total de fondos (PRM, PLD y FP). Los restantes 23 partidos reconocidos se repartieron lo que quedó del presupuesto, resultando en asignaciones que, en muchos casos, no superaban los RD$500 mil pesos mensuales, una cifra irrisoria para operar una maquinaria electoral.

Esto pone en evidencia un sistema regresivo, donde quienes ya tienen representación reciben más apoyo, y quienes buscan abrirse paso deben hacerlo sin el respaldo del Estado, compitiendo con desventajas estructurales.

3.3 Impacto en la calidad democrática

Este esquema tiene implicaciones graves para la salud del sistema democrático:

• Debilita la competencia electoral real, reduciendo la oferta política a los mismos actores tradicionales.

• Distorsiona la representación, ya que muchas voces quedan fuera no por falta de legitimidad o respaldo ciudadano, sino por falta de recursos.

• Fomenta la informalidad y la dependencia clientelar, ya que los partidos minoritarios se ven forzados a operar sin estructura o bajo alianzas que diluyen su identidad.

El politólogo Larry Diamond ha advertido sobre este fenómeno en contextos similares:

“Cuando el acceso al poder depende del dinero, y el dinero está concentrado en unos pocos, la democracia deja de ser un sistema abierto y se convierte en una fachada.”

3.4 Una mirada crítica al modelo vigente

Es importante reconocer que el modelo dominicano no promueve una verdadera equidad en la competencia. El artículo 61 de la Ley 33-18 menciona el principio de proporcionalidad, pero su aplicación práctica se inclina hacia un modelo concentrador, que premia el poder ya acumulado y penaliza la renovación.

Por eso, más allá del debate sobre si debe haber financiamiento público o no —que ya está resuelto en la ley—, lo que está en juego es cómo se garantiza que ese financiamiento no perpetúe la desigualdad, sino que ayude a corregirla. Esto implica revisar el umbral del 5%, considerar una base mínima operativa para todos los partidos reconocidos, e incorporar criterios de mérito democrático (como rendición de cuentas, actividad política real, etc.).

4. Partidos minoritarios: guardianes del pluralismo y la innovación

En un sistema democrático auténtico, la calidad de la política no se mide solo por la cantidad de votos que acumulan los grandes partidos, sino también por la diversidad de ideas, la capacidad de cuestionamiento y la renovación del debate público. En este escenario, los partidos minoritarios juegan un papel insustituible como guardianes del pluralismo, laboratorios de innovación política y puentes entre sectores excluidos y el Estado.

4.1 Más que “chiquitos”: la importancia de su existencia

En República Dominicana, los partidos minoritarios han sido históricamente tratados con desdén, vistos como "colgaderos", "bisagras", o estructuras sin peso real. Sin embargo, esta mirada reduccionista ignora la función sistémica que desempeñan en la vida democrática.

• Representan minorías políticas, ideológicas o territoriales que no encuentran cabida en los partidos mayoritarios.

• Introducen temas nuevos en la agenda pública, como medio ambiente, derechos LGBTIQ+, justicia social, participación juvenil o innovación tecnológica.

• Actúan como canales de presión y fiscalización, denunciando prácticas abusivas de los partidos dominantes.

• Ofrecen alternativas programáticas que muchas veces, aunque no ganen elecciones, terminan siendo adoptadas por las grandes fuerzas políticas.

Un ejemplo emblemático fue el surgimiento del partido Alianza País en la década de 2010, que contribuyó a introducir con fuerza el discurso anticorrupción mucho antes de que se volviera una prioridad nacional tras el caso Odebrecht. Lo mismo puede decirse de movimientos como Opción Democrática, Frente Amplio o el propio Partido País Posible, que ha llevado propuestas innovadoras sobre participación ciudadana, tecnología y nuevas economías.

4.2 Experiencias internacionales: cuando los minoritarios cambian el rumbo

A nivel internacional, abundan los casos en los que partidos pequeños o emergentes han transformado la política sin necesidad de dominar las urnas:

• En España, partidos como Podemos y Ciudadanos irrumpieron para romper el bipartidismo tradicional y obligaron a reformas en transparencia y políticas sociales.

• En Chile, el Frente Amplio surgió de sectores sociales sin representación y hoy lidera el gobierno.

• En Alemania, Los Verdes comenzaron como un partido marginal en los 80 y hoy son fuerza de gobierno en varias regiones.

Estos ejemplos muestran que los partidos minoritarios son espacios de creación política, no solo de ambición electoral.

4.3 En el Congreso, en las calles y en las ideas

Incluso con representación limitada, los partidos minoritarios han demostrado capacidad de incidencia. En República Dominicana, se han convertido en voces disonantes necesarias, especialmente cuando el Congreso ha sido dominado por una mayoría alineada con el Poder Ejecutivo.

Además, muchos de estos partidos mantienen presencia activa en movimientos sociales, debates ciudadanos, universidades y medios digitales. En contextos donde la política institucional se ve alejada de la ciudadanía, estos actores construyen puentes clave para la legitimidad del sistema democrático.

Como escribió el politólogo francés Bernard Manin:

“La representación democrática necesita más voces que votos. Necesita ideas que incomoden, posiciones que contradigan y visiones que anticipen.”

4.4 Sin pluralismo, no hay renovación democrática

Un sistema donde solo los partidos grandes tienen recursos, visibilidad y acceso real al poder, termina siendo una democracia con apellido: selectiva, elitista y excluyente. En cambio, reconocer el valor de los partidos minoritarios es apostar por una democracia de base amplia, capaz de renovarse y de evitar el estancamiento.

Por eso, defender el financiamiento público para estas organizaciones no es un acto de caridad política, sino un acto de justicia institucional.

5. Obstáculos que enfrentan los partidos minoritarios

Aunque la Constitución Dominicana garantiza el derecho a la participación política, en la práctica, los partidos minoritarios operan en un entorno restrictivo, competitivo y muchas veces hostil, marcado por barreras económicas, legales, mediáticas y culturales. Este escenario limita su capacidad de incidir y refuerza la percepción —equivocada pero persistente— de que su papel es irrelevante o meramente decorativo.

5.1 Barreras económicas: competir con los bolsillos vacíos

El obstáculo más visible —y también el más determinante— es el acceso limitado a los recursos financieros. Como se analizó en los apartados anteriores, el diseño actual del financiamiento público impone un sesgo estructural contra las organizaciones que no superan el 5% del voto válido, lo cual crea un “círculo vicioso” de marginalidad: sin recursos no se puede hacer campaña; sin campaña, no se obtienen votos; sin votos, no hay financiamiento.

A esto se suma que muchos partidos minoritarios:

• No reciben grandes aportes privados, ya que los donantes prefieren apostar a los partidos con mayores posibilidades de poder.

• Enfrentan altos costos logísticos para cumplir con las exigencias de la Junta Central Electoral (auditorías, oficinas, gastos legales, etc.).

• No acceden al mismo nivel de financiamiento indirecto (apoyo empresarial, redes clientelares, uso del Estado) que tienen los partidos tradicionales.

5.2 Barreras legales: el peso de la burocracia y las reformas excluyentes

La Ley 33-18 y la Ley 20-23 establecen una serie de requisitos que, aunque válidos en términos de control y transparencia, resultan excesivos o desproporcionados para partidos en desarrollo, tales como:

• Mantener locales abiertos en distintos niveles territoriales.

• Cumplir con auditorías anuales exigentes sin contar con estructura financiera sólida.

• Obtener un porcentaje mínimo de votos para conservar la personería jurídica.

Estos criterios, diseñados para elevar la calidad del sistema partidario, terminan por estrangular a los actores pequeños, que no tienen la maquinaria para cumplir con estándares pensados para partidos con décadas de trayectoria y recursos estatales a su disposición.

5.3 Barreras mediáticas: silencio, estigmatización y censura

En una democracia altamente mediatizada como la dominicana, la visibilidad es poder. Y aquí los partidos minoritarios enfrentan una exclusión sistemática:

• Los medios tradicionales dan escasa cobertura a sus actividades o propuestas, salvo que estén en alianza con partidos grandes.

• En los debates electorales organizados por entidades privadas, rara vez son invitados si no cumplen criterios de representación mínima.

• Cuando se les menciona, muchas veces es para ridiculizarlos o reducirlos a actores de “negociación política”, reforzando estigmas.

Esto impide que la ciudadanía conozca sus ideas, sus liderazgos emergentes y sus propuestas de país.

5.4 Barreras culturales: el “voto útil” y el desprecio a lo nuevo

A todo esto se suma una cultura política poco amigable con la diversidad, donde se privilegia la estabilidad del bipartidismo o tripartidismo y se desacredita todo intento alternativo. En las campañas, esto se traduce en:

• La promoción del “voto útil”, que desprecia a los minoritarios por “no tener chance”.

• La acusación de “ser satélites”, incluso cuando actúan con independencia.

• La idea errónea de que “todos los partidos son lo mismo”, borrando diferencias de fondo entre proyectos alternativos.

Como advirtió el sociólogo dominicano Flavio Darío Espinal:

“Una democracia que desalienta la diferencia se encamina a la monotonía política y al agotamiento institucional.”

6. Una mirada a la Ley Electoral y la distribución del financiamiento

En toda democracia, las reglas de juego son tan importantes como los jugadores. Cuando las normas que regulan la competencia electoral privilegian a unos actores sobre otros, se compromete la legitimidad del sistema. En República Dominicana, el marco legal que rige el financiamiento político —la Ley 33-18 y la Ley Orgánica del Régimen Electoral 20-23— contiene avances significativos en materia de transparencia y fiscalización, pero también mantiene disposiciones que consolidan la desigualdad estructural entre partidos mayoritarios y minoritarios.

6.1 ¿Cómo se reparte el financiamiento público?

Según el artículo 61 de la Ley 33-18, el financiamiento estatal se distribuye de la siguiente manera:

• 80% del total asignado va a los partidos que hayan obtenido más del 5% de los votos válidos emitidos en las elecciones anteriores.

• 12% se divide entre los partidos que hayan obtenido menos del 5%.

• 8% se asigna equitativamente entre los partidos que hayan sido reconocidos por la Junta Central Electoral después de los últimos comicios.

Este esquema, aunque aparentemente lógico, reproduce una lógica regresiva, ya que:

• Consolida a los partidos grandes como beneficiarios crónicos del financiamiento estatal.

• Dificulta que partidos emergentes rompan la barrera del 5%, perpetuando su marginalidad.

• Genera una competencia desigual desde el punto de partida.

Es decir, se parte de una falsa idea de meritocracia, donde el desempeño electoral pasado determina el acceso a los recursos futuros, sin considerar que ese desempeño estuvo influido por las mismas condiciones de desigualdad que ahora se replican.

6.2 La ley y sus silencios: participación, rendición y equidad

Además de la fórmula de distribución, existen otros vacíos importantes en la legislación actual:

• No se establece una asignación mínima operativa garantizada para todos los partidos reconocidos, independientemente de su tamaño, lo cual contradice el principio de equidad.

• No se promueve una fórmula de redistribución progresiva, como existe en sistemas como el alemán o el chileno, donde los partidos que superan ciertos umbrales reciben más, pero todos tienen un piso de operación.

• No se vincula el financiamiento con el cumplimiento de funciones democráticas reales, como formación política, participación de mujeres y jóvenes, o fiscalización del poder.

En palabras de la experta en derecho electoral Claudia Heiss:

“El diseño del financiamiento político debe reflejar los valores democráticos: inclusión, equidad y rendición de cuentas. Cuando favorece la exclusión, está al servicio de la concentración del poder.”

6.3 Propuestas para un sistema más equitativo

A la luz de estas debilidades, se pueden plantear reformas normativas que mejoren la distribución del financiamiento público sin comprometer la estabilidad del sistema. Algunas ideas clave:

• Reducir el umbral del 5% al 2% o 3%, como sucede en otros países, permitiendo a más partidos acceder a una porción significativa de los fondos.

• Establecer un “piso democrático” de financiamiento mínimo para todos los partidos reconocidos que cumplan con criterios de transparencia y actividad política regular.

• Incentivar el financiamiento proporcional con enfoque correctivo, premiando la participación de mujeres, jóvenes, y prácticas democráticas internas.

• Revisar el modelo de financiamiento indirecto, como el acceso equitativo a medios de comunicación y materiales electorales provistos por el Estado.

Estas propuestas no buscan fragmentar el sistema ni favorecer partidos sin sustento social. Al contrario, proponen democratizar el acceso a los recursos para que la competencia sea auténtica y el sistema más representativo.

7. Transparencia, rendición de cuentas y fiscalización

Si el financiamiento público busca fortalecer la democracia, su legitimidad depende directamente del uso ético, transparente y controlado de esos recursos. En ese sentido, no basta con discutir cuánto dinero reciben los partidos; es crucial preguntarse cómo lo utilizan, quién los supervisa y con qué consecuencias.

7.1 La razón de ser de la fiscalización

El financiamiento público parte de un principio de legitimidad social: los fondos provienen de los impuestos de los ciudadanos, y por tanto, deben ser administrados con criterios de responsabilidad, eficiencia y rendición. Como señala el organismo IDEA Internacional:

“El acceso al financiamiento público debe estar condicionado a la transparencia en el manejo de los recursos y al cumplimiento de las funciones democráticas que justifican su existencia.”

En República Dominicana, el sistema de fiscalización está liderado por la Junta Central Electoral (JCE), que está facultada por la Ley 33-18 y la Ley Orgánica 20-23 para exigir informes financieros, realizar auditorías y sancionar irregularidades. En los papeles, es un modelo con facultades amplias. Sin embargo, en la práctica, la implementación ha sido débil y desigual.

7.2 Asimetría en la vigilancia

Uno de los grandes retos es la asimetría en la fiscalización: mientras los partidos minoritarios deben cumplir rigurosamente con requisitos para conservar su reconocimiento (presentar informes, mantener registros contables, etc.), muchas veces los partidos mayoritarios incumplen o reportan de forma opaca sin enfrentar consecuencias proporcionales.

El propio presidente de la Cámara de Cuentas, en una audiencia de 2023, señaló que más del 60% de los informes de gastos electorales presentados por partidos tradicionales tenían inconsistencias significativas, sin que se aplicaran sanciones ejemplares.

Este doble estándar erosiona la confianza ciudadana y perjudica a los partidos minoritarios, que operan con menos recursos pero están más expuestos a ser fiscalizados con dureza.

7.3 Transparencia activa: más allá del reporte legal

La rendición de cuentas no debe verse solo como un trámite legal. En una democracia moderna, se espera que los partidos adopten estándares de transparencia activa, incluyendo:

• Publicación periódica de ingresos y egresos en sus plataformas digitales.

• Acceso público a sus presupuestos de campaña y fuentes de financiamiento.

• Informes de ejecución de fondos públicos orientados a formación, educación y participación política.

Estos elementos ayudan a fortalecer la confianza ciudadana, especialmente en partidos emergentes que buscan diferenciarse de las prácticas históricas del clientelismo y la opacidad.

7.4 Rol de la ciudadanía y la sociedad civil

Finalmente, es clave reconocer que la fiscalización no debe recaer únicamente en los órganos electorales. La ciudadanía, los medios de comunicación y la sociedad civil tienen un papel activo en el control democrático del financiamiento político.

Organizaciones como Participación Ciudadana, Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y Oxfam RD han jugado un papel importante al denunciar irregularidades, proponer reformas y monitorear procesos electorales. Sin embargo, su impacto sigue siendo limitado si no existe una cultura política que valore la transparencia como eje de legitimidad.

Como diría el expresidente uruguayo José Mujica:

“No hay política limpia sin control ciudadano. Y no hay democracia fuerte sin partidos que rindan cuentas.”

8. Conclusión: Fortalecer la democracia desde la raíz

La democracia dominicana, como toda construcción social e histórica, es un proyecto en permanente evolución. No basta con celebrar elecciones periódicas o garantizar la existencia formal de múltiples partidos. La calidad de la democracia se mide por la equidad de la competencia, la diversidad de las voces presentes en el debate público y la legitimidad del acceso al poder político.

En este sentido, el financiamiento público no es un privilegio de los partidos, sino un derecho de la ciudadanía: una herramienta para asegurar que las ideas no compitan en desventaja solo porque sus portadores no tienen poder económico. Es, también, un muro de contención frente a la privatización del sistema político y la corrupción electoral.

A lo largo de este artículo hemos visto cómo el modelo actual:

• Consolida a los grandes partidos mediante una fórmula de distribución desigual.

• Margina a los partidos emergentes, limitando su crecimiento y visibilidad.

• Falla en vincular el uso de los recursos con funciones democráticas sustantivas.

• Reproduce prácticas clientelares y fomenta el descrédito de la política.

Pero también hemos evidenciado que los partidos minoritarios no son actores de segundo nivel. Son espacios de innovación, fiscalización, representación alternativa y renovación política. Son necesarios para que el sistema respire, se oxigene, se reinvente.

Por eso, reformar el sistema de financiamiento no es una demanda sectorial, ni una queja de los partidos pequeños. Es una reivindicación de la democracia misma, que solo será sostenible si se construye desde la inclusión, la transparencia y el equilibrio.

Desde la experiencia comparada, desde la historia local y desde la realidad institucional dominicana, urge repensar el modelo vigente y transitar hacia uno que combine:

• Equidad en el punto de partida, sin barreras asfixiantes para nuevas fuerzas políticas.

• Fiscalización justa y efectiva, que castigue el uso irregular sin selectividad.

• Vinculación entre financiamiento y desempeño democrático, premiando la participación, la formación y la transparencia.

Al final del día, como enseñó Reynaldo Pared Pérez, quien defendía tanto la institucionalidad como el respeto a la diversidad partidaria:

“No hay democracia sin reglas claras, pero tampoco sin oportunidades justas para todos.”

Fortalecer la democracia desde la raíz implica reconocer que esa raíz está en el pluralismo, en la ética pública y en la posibilidad de que cualquier dominicano o dominicana, con ideas y vocación, pueda participar sin que el dinero sea un muro infranqueable.