El Anticipo Fiscal: Una Carga Adelantada que Agota a las Empresas y Distorsiona la Economía

El anticipo del Impuesto sobre la Renta en República Dominicana es un pago adelantado que las empresas deben realizar mensualmente, basado en los beneficios del año anterior. Este mecanismo afecta la liquidez empresarial y muchas veces obliga a pagar impuestos sin haber generado ingresos. Su impacto genera distorsiones económicas y requiere una urgente revisión para hacerlo más justo y proporcional.

ECONOMIAGOBERNANZA

Ing. Andres Nova

12/20/20253 min read

El Anticipo Fiscal: Una Carga Adelantada que Agota a las Empresas y Distorsiona la Economía

Por: Ing. Andres Nova – Periódico Pulso

Cada mes, miles de empresas en República Dominicana realizan un pago a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) que no responde a beneficios obtenidos ni a ventas recientes, sino a una estimación del pasado. Este mecanismo, conocido como “anticipo del Impuesto sobre la Renta”, obliga a los contribuyentes a pagar por adelantado un impuesto sobre beneficios que aún no han generado.

¿Qué es el Anticipo?

El anticipo es una obligación fiscal mensual que deben pagar las personas jurídicas y físicas con ingresos importantes, calculado sobre la base del impuesto determinado en el año fiscal anterior. Según el Código Tributario (Ley 11-92, Art. 314), si una empresa pagó, por ejemplo, un millón de pesos en ISR en 2024, deberá pagar el 100% de ese monto en 12 cuotas mensuales como anticipo en 2025.

Este sistema parte de una lógica simple: garantizar ingresos constantes al Estado. Pero en la práctica, impone serias distorsiones.

Para la Empresa: Liquidez Ahorcada y Riesgo de Cierre

Para la mayoría de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, el anticipo representa un freno a la liquidez. Estas deben pagar impuestos sin importar si sus ingresos han disminuido, si están operando en pérdidas o si han sufrido situaciones excepcionales como huracanes, pandemias o crisis de mercado.

Aunque existen mecanismos de exención por causa de fuerza mayor o pérdidas comprobadas (Norma General 03-21), el proceso es burocrático y no siempre oportuno.

El resultado: muchas empresas operan con déficit, asumen deudas para pagar impuestos, o caen en la informalidad para sobrevivir.

Para el Gobierno: ¿Seguridad Financiera o Recaudación Ineficiente?

Desde la óptica del Estado, el anticipo garantiza un flujo continuo de ingresos fiscales y reduce la dependencia de la recaudación en el período de cierre fiscal. Sin embargo, esta estrategia puede ser pan para hoy y hambre para mañana. El cobro excesivo puede fomentar evasión, cierres masivos de microempresas y desincentivar la formalidad.

En lugar de fomentar una cultura de cumplimiento tributario justa y eficiente, el anticipo puede ser percibido como un castigo anticipado.

Para la Economía: Distorsión y Desigualdad

El anticipo afecta negativamente a la inversión, al capital de trabajo y a la competitividad. Empresas que están en crecimiento, que reinvierten sus utilidades, se ven castigadas con mayores cuotas. En cambio, negocios improductivos o sin movimientos reales pueden quedar exentos si no declararon beneficios el año anterior.

Además, el sistema del anticipo no discrimina por sector, tamaño o ciclo económico, contradiciendo el principio constitucional de tributación conforme a la capacidad económica (Art. 243 Constitución) y el principio de justicia tributaria.

¿Es hora de reformarlo?

Muchos economistas, cámaras empresariales y expertos tributarios coinciden en que el sistema de anticipos requiere reforma urgente. Algunas alternativas debatidas incluyen:

  • Cálculo en base a ingresos actuales, no históricos.

  • Aplicación exclusiva a grandes contribuyentes.

  • Suspensión automática en caso de pérdidas comprobadas.

  • Revisión del modelo de pagos trimestrales en lugar de mensuales.

En países como Chile, Colombia o México, ya se aplican fórmulas más racionales de pago adelantado del impuesto, vinculadas directamente al flujo real de ingresos.

Conclusión

El anticipo fiscal, tal como hoy funciona en República Dominicana, es un mecanismo anacrónico, desigual y financieramente tóxico para las empresas, especialmente en contextos de inestabilidad. No se trata de eliminarlo sin más, sino de rediseñarlo bajo criterios de razonabilidad, equidad y adecuación a la realidad económica del contribuyente.

En un Estado Social y Democrático de Derecho, como proclama nuestra Constitución, el sistema tributario no debe asfixiar al motor productivo del país. Urge abrir el debate.