Castigo por construir: el país donde producir es una desventaja fiscal

“Producir es perder: el sistema fiscal dominicano castiga al que trabaja”

En la República Dominicana, emprender formalmente y mover la economía implica enfrentar más impuestos, más riesgos y menos rentabilidad que simplemente colocar dinero en bonos del Estado. Un modelo fiscal que desalienta al que invierte, premia al que se queda quieto y pone en duda el sentido de seguir construyendo.

Producir en República Dominicana se ha convertido en una especie de castigo económico. No por la competencia, ni por la falta de mercado, sino por un sistema fiscal que exige pagar antes de vender, tributa sobre activos inactivos y persigue al que se formaliza. Mientras tanto, el capital que no produce , el que se refugia en instrumentos financieros del propio Estado, obtiene más retorno, sin impuestos ni presión regulatoria. ¿Qué mensaje envía el país cuando arriesgar, construir y contratar genera menos beneficio que no hacer nada?

La trampa del anticipo fiscal: pagar sin ganar

Una de las figuras más injustas del sistema tributario dominicano es el anticipo del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Esta norma, establecida en el artículo 314 del Código Tributario, obliga a toda empresa que haya tenido beneficios un año a pagar por adelantado una parte del impuesto del año siguiente, distribuido en doce cuotas.

En teoría, se plantea como una herramienta de planificación para el fisco. En la práctica, se ha convertido en una trampa operativa y financiera, especialmente en sectores con ciclos largos e ingresos irregulares como la construcción, la industria o el agro.

Pongamos un ejemplo simple: una empresa termina un gran proyecto en 2023, gana dinero, paga su impuesto, cumple. Pero en 2024 no tiene nuevos contratos aún, está gestionando permisos o esperando una licitación. ¿Qué hace la DGII? Le exige un anticipo mensual, como si estuviera generando las mismas ganancias del año anterior. Se paga sin ingresos, se tributa sin liquidez, y muchas veces se recurre a préstamos, despidos o suspensión de operaciones para cumplir.

Lo más grave es que, aunque la ley permite solicitar una exención por “disminución significativa de ingresos”, en la práctica esa válvula de escape no funciona. El proceso es opaco, las solicitudes rara vez son aprobadas, y la respuesta suele llegar tarde o simplemente nunca llega.

Así, el sistema no distingue entre quien dejó de ganar y quien evade. Se castiga al formal, al visible, al que intentó crecer. El resultado es perverso: el anticipo se convierte en un impuesto sobre ingresos inexistentes, que erosiona el capital de trabajo y asfixia proyectos incluso antes de que arranquen.

La ironía es evidente: mientras el país necesita más inversión, más empleo y más dinamismo, el sistema le pone una piedra en los pies al que intenta moverse.

Tributar por tener, no por producir: el impuesto que castiga la capacidad instalada

En lugar de incentivar la inversión en maquinaria, equipos o infraestructuras, el sistema fiscal dominicano la penaliza. El impuesto mínimo sobre los activos, establecido en la Ley 557-05, obliga a las empresas a pagar un 1% anual sobre el valor neto de sus activos, aunque no hayan generado beneficios. Es decir: se tributa por tener capacidad para producir, aunque esa capacidad esté detenida.

El principio es simple, pero absurdo: si tienes herramientas, pagas. Aunque no hayas trabajado. Aunque no hayas vendido. Aunque tu maquinaria esté oxidándose en un solar esperando el próximo contrato.

En sectores como la construcción, esto se vuelve insostenible. Las empresas deben mantener retroexcavadoras, oficinas técnicas, andamios, vehículos, moldes y solares comprados con financiamiento. Muchos de estos activos permanecen inactivos entre proyectos. Pero eso no importa: todo cuenta, todo tributa.

La distorsión no termina ahí. Este impuesto solo lo paga quien está formalizado. Es decir, el que se registra, declara y cumple. El informal, el que opera fuera del radar, evade sin obstáculos. En la práctica, el sistema castiga la transparencia y premia la invisibilidad.

El mensaje es claro: si tienes activos, te cuesta. Si no los tienes, o no los declaras, estás mejor.

Es una lógica que contradice cualquier política de desarrollo. Se supone que el Estado debe promover la acumulación de infraestructura productiva, no castigarla. Pero aquí, cada equipo es un pasivo fiscal, no una herramienta de progreso.

La consecuencia lógica: muchos empresarios optan por no declarar sus activos, subvaluarlos, transferirlos o simplemente no invertir. Y con ello, el país pierde capacidad instalada, empleo potencial y competitividad.

El costo de construir vs. no hacer nada: un modelo que desalienta el esfuerzo

Para ilustrar cómo el sistema fiscal dominicano castiga al que produce y premia al que se queda quieto, basta con mirar los números de un proyecto inmobiliario típico.

Supongamos un desarrollo de RD$100 millones:

RD$17 millones en la compra del solar

RD$83 millones en construcción, ingeniería y ejecución

El proyecto se vende en RD$135 millones, generando una utilidad bruta de RD$35 millones, es decir, un 35 % sobre el costo total, una rentabilidad estándar en el sector formal.

Hasta ahí, todo parece razonable. Pero ahora entran en juego los costos operativos, gastos obligatorios e impuestos:

• Comisiones de venta (5 %): RD$6.75 millones

• Gastos legales, administrativos y contables: RD$3 millones

• Cargas laborales y seguridad social: RD$2.5 millones

• Permisos, FOPECOM, INFOTEP: RD$1.25 millones

• Otros gastos no deducibles y contingencias: RD$1.5 millones

Estos gastos reducen la utilidad a RD$20 millones antes de impuestos.

Pero ahí no termina el castigo fiscal:

• Impuesto sobre la renta (27 %): RD$5.4 millones

• Anticipo del año siguiente (calculado sobre el mismo resultado): RD$5.4 millones

• Impuesto mínimo sobre activos (años sin utilidad imponible): RD$1.2 millones

Resultado final:

Carga fiscal total acumulada: RD$12 millones

Utilidad neta final: RD$8 millones

Rentabilidad sobre inversión directa, tomando en cuanta ingreso el 50% de las ventas  (RD$49.5 millones): solo 16.16 % en tres años, o 5.39 % anual

Ahora comparemos: si ese mismo capital se hubiera colocado en bonos del Estado al 8 % anual, el empresario habría ganado RD$11.88 millones en tres años, sin empleados, sin fiscalización, sin burocracia, y lo más crítico, sin pagar impuestos.

Es decir: más rentabilidad, menos riesgo y cero obligaciones.

El mensaje del sistema es claro y peligroso: no construyas, no contrates, no inviertas. Coloca tu dinero y espera.

Un país que fiscalmente recompensa la inactividad y penaliza la producción está condenado a estancarse. No se trata de eficiencia empresarial. Es una distorsión institucional.

La inflación como impuesto oculto: cuando ganar no alcanza ni para empezar de nuevo

En cualquier economía donde los precios suben sostenidamente, como en la República Dominicana en los últimos años, las utilidades no se pueden medir solo en pesos. Hay que mirar su valor real: cuánto rinde ese dinero al final del ciclo. El problema es que el sistema tributario dominicano ignora por completo este principio económico básico.

Calcula impuestos sobre cifras nominales, como si el dinero valiera lo mismo tres años después. Y en la práctica, eso significa que el empresario termina pagando sobre una ganancia que ya no existe, al menos en términos reales.

Tomemos el ejemplo del proyecto inmobiliario que analizamos:

• El promotor compra un solar por RD$17 millones e invierte RD$100 millones en total.

• Vende el proyecto completo por RD$135 millones.

• Después de cubrir costos, gastos e impuestos, obtiene una utilidad neta de RD$8 millones.

Parece una ganancia razonable. Pero hay un detalle crítico: el solar ya se vendió con el proyecto. Ya no está. Y si el promotor quiere iniciar otro desarrollo similar, debe comprar un nuevo terreno.

Aquí entra en juego el costo de reposición, uno de los impactos más ignorados por el fisco.

En los últimos tres años, los precios de los solares urbanos han subido entre 15 % y 30 %, según datos del mercado. Eso significa que ese mismo solar que costó RD$17 millones ahora puede costar entre RD$19.5 y RD$22 millones. Es decir, la utilidad de RD$8 millones no alcanza ni siquiera para recomprar el terreno con el que inició.

Entonces, ¿realmente hubo ganancia?

En apariencia, sí.

En la realidad económica, no hay avance. El empresario no puede volver a empezar en las mismas condiciones. Quedó igual… o más pequeño.

Y mientras tanto, el Estado cobró su 27 % del impuesto sobre la renta completo, más los anticipos del año siguiente, más el impuesto mínimo a los activos, como si esa utilidad nominal fuera totalmente real y disponible.

Algunos podrían argumentar: “Pero el empresario paga con dinero devaluado, eso compensa”.

Pero eso es una ilusión. Porque el impuesto se calcula sobre cifras que han sido infladas por la inflación, no sobre el valor real del dinero. El Estado no asume ningún riesgo inflacionario. El empresario sí.

Es como medir la altura de una persona con una regla que cada año se encoge… pero exigirle que dé la misma estatura. La cifra parece igual, pero la herramienta de medición ya no lo es. Y, aun así, el fisco cobra como si nada hubiera cambiado.

Además, aunque algunos activos, como maquinaria o terrenos, pueden valer más en pesos por efecto de la inflación, ese aumento solo sirve para que el Estado cobre más impuesto a los activos. No hay un ajuste equivalente en deducciones ni depreciación fiscal. El empresario paga más, pero no puede protegerse de la pérdida de poder adquisitivo.

En muchos países, como México, Colombia o Brasil, existen mecanismos para ajustar la contabilidad y la tributación por inflación, de modo que el Estado no cobre impuestos sobre ganancias ficticias. Aquí no. Aquí se cobra sobre papel, sin mirar la economía real.

El resultado es una trampa silenciosa:

• El empresario arriesga, invierte y produce.

• Genera empleos y cumple con la ley.

• Pero su ganancia se diluye entre el aumento de precios y una carga fiscal que no reconoce la inflación.

Y cuando quiere volver a empezar, descubre que no puede. Lo que ganó no le alcanza para recomprar lo que vendió.

Eso no es desarrollo. Eso es retroceder disfrazado de progreso.

Fiscalización y presión: producir bajo amenaza permanente

Además de los impuestos visibles, existe una carga invisible pero igual de pesada para el empresario formal en República Dominicana: el miedo constante a ser fiscalizado, multado o paralizado por el propio sistema que debería apoyarlo.

En teoría, fiscalizar es necesario para evitar la evasión. Pero en la práctica, el sistema se ha convertido en una máquina que presiona sin distinción, ignora la buena fe y trata a todos los formales como si fueran sospechosos por defecto.

Fiscalización constante, pero solo para algunos

Las empresas que están registradas, que declaran ingresos, emiten comprobantes fiscales y contratan personal de forma legal, son las mismas que reciben más cartas de requerimiento, más auditorías, más cruces de datos y más amenazas de sanción.

Mientras tanto, miles de negocios operan sin RNC, sin reportar ingresos, sin pagar impuestos, y nunca son molestados. Esa informalidad tolerada crea una paradoja perversa: cumplir te pone en la mira, evadir te vuelve invisible.

Requerimientos que consumen tiempo, dinero y foco.

Cada requerimiento fiscal implica preparar documentos, revisar estados financieros, explicar movimientos contables, justificar decisiones operativas. Muchas veces, se piden cosas que ya están en poder de la administración tributaria. Otras veces, las solicitudes carecen de fundamento técnico, pero igual deben cumplirse en plazos cortos, bajo amenaza de cierre o suspensión del RNC.

El resultado es que las empresas dedican más recursos a defenderse que a producir. Los contadores se convierten en litigantes. Los gerentes, en negociadores fiscales. Y el enfoque del negocio se diluye en papeleo, justificaciones y temor.

Acuerdos forzados y cultura de presión

En lugar de fomentar una relación basada en confianza y cumplimiento voluntario, el sistema ha adoptado una cultura de presión fiscal constante. Muchas veces, las fiscalizaciones no buscan determinar la verdad, sino inducir al empresario a aceptar acuerdos, pagar sumas bajo coerción o evitar sanciones mayores.

Es un sistema donde el Estado cobra, no porque haya una falta real, sino porque puede. Y el empresario paga, no porque deba, sino porque no puede correr el riesgo de paralizar su operación.

Riesgo laboral y demandas oportunistas

A esta presión tributaria se suma un entorno laboral que muchas veces abre la puerta al abuso. Exempleados que ya fueron indemnizados vuelven a demandar. Personas que nunca trabajaron de forma regular presentan reclamaciones. Y detrás de muchos de estos casos hay estructuras informales que usan el sistema legal como herramienta de extorsión.

Cada empleado, cada despido, cada ajuste se convierte en un pasivo potencial, no solo en lo financiero, sino también en lo reputacional y legal.

El resultado: producir se convierte en una actividad de alto riesgo

No solo se tributa mucho. Se vive bajo amenaza constante. Y lo más grave: esa amenaza no existe para quien opera en la informalidad. El sistema carga a quien cumple y deja libre a quien se esconde.

Así, el empresario formal, que debería ser el motor de la economía, se convierte en rehén del sistema. Cumple, pero no tiene paz. Declara, pero no tiene seguridad. Y crece con miedo.

Eso no es un entorno favorable para la inversión. Eso es producir bajo amenaza permanente.

Conclusión: un sistema que castiga al que produce y premia al que se queda quieto

Después de revisar todos los elementos que componen la estructura tributaria dominicana, una verdad resulta imposible de ignorar: el sistema fiscal actual no solo desincentiva la producción, sino que la castiga activamente.

Se obliga a pagar anticipos sobre ingresos que no existen. Se cobra por tener activos que no generan beneficios. Se tributa sobre utilidades ficticias infladas por la inflación. Se vive bajo fiscalización constante, mientras vastos sectores informales operan sin ningún control. Y lo más grave, se penaliza al que arriesga, invierte y emplea, mientras se protege al que inmoviliza capital en bonos del Estado y no produce absolutamente nada.

El mensaje es claro y perverso: si construyes, te cargan; si te formalizas, te vigilan; si declaras, te acorralan; pero si no haces nada, si te escondes o te refugias en instrumentos financieros del Estado, te dejan en paz y ganas más.

¿Es ese el país que queremos construir?

No se trata solo de un problema técnico o contable. Se trata de una elección de modelo. El sistema actual dice que es mejor no emprender, no invertir, no crecer. Y si eso no se corrige, estamos saboteando nuestra propia economía desde adentro.

No basta con ajustar tasas o introducir nuevos impuestos especiales. Se necesita una reforma estructural y valiente, que parta de un principio básico: premiar al que trabaja, al que arriesga, al que crea empleo, al que apuesta por el país. Y no solo con palabras, sino con reglas claras, trato justo y condiciones equitativas para competir.

Una reforma real debe eliminar el anticipo como obligación ciega. Debe revisar el impuesto mínimo a los activos. Debe incorporar un ajuste por inflación que refleje la realidad del dinero. Debe establecer límites objetivos a la fiscalización y proteger al contribuyente formal frente a los abusos del sistema. Y, sobre todo, debe dejar de tratar al empresario como un sospechoso por el solo hecho de estar cumpliendo.

Ningún país se desarrolla persiguiendo a su sector productivo. Ninguna economía avanza si invertir es más riesgoso que quedarse quieto. Y ninguna sociedad progresa si sus reglas castigan al que genera valor.

El momento de corregir este modelo es ahora. Porque seguir premiando al que no construye nada es, al final, una forma de condenar al país a no crecer nunca.