Arbitrios sin propósito: el costo de pagar sin saber para qué

Un impuesto que esta   disfrazado de una           contribución

En República Dominicana hemos perfeccionado un modelo fiscal perverso: crear “contribuciones especiales” que, en la práctica, no son más que impuestos adicionales que recaen sobre las empresas formales. El caso más reciente y revelador es la contribución por residuos sólidos, creada por la Ley 225-20, supuestamente para financiar la gestión integral de los desechos que genera la economía nacional.

Lo que comenzó como un intento legítimo por ordenar el manejo de residuos se ha convertido en un nuevo instrumento de recaudación, sin control ciudadano ni plan técnico transparente. Las empresas están obligadas a pagar una suma anual, basada en sus ingresos brutos, sin importar su impacto ambiental real, sin importar si ya pagan tasas municipales por recogida de basura, y sin tener la más mínima certeza de a dónde va ese dinero ni qué resultados genera.

El discurso ambiental como excusa fiscal

Aplaudimos los principios de la Ley: economía circular, trazabilidad, sostenibilidad. Pero las buenas intenciones no bastan cuando no hay rendición de cuentas. Lo que vemos hoy es una contribución sin rostro, sin objetivos concretos, sin indicadores de éxito ni supervisión institucional.

Desde su implementación, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha recaudado cientos de millones de pesos en nombre de la gestión de residuos. ¿Dónde están los vertederos modernizados? ¿Dónde están las plantas de reciclaje? ¿Dónde están los sistemas municipales equipados con tecnología y logística eficiente? El país sigue arrojando su basura a cielo abierto y los municipios continúan sin presupuesto ni capacidad.

Cargar al formal para tapar el hueco del informal

El absurdo es aún mayor cuando recordamos que las únicas empresas que pagan esta “contribución” son las que están registradas, que declaran ingresos y que cumplen con sus obligaciones fiscales. La gran mayoría de los agentes económicos informales, que también generan residuos y muchos más desordenados, no contribuyen en nada.

Así se perpetúa el incentivo perverso: mientras más formal eres, más te castigan. Y al final, la recaudación se convierte en otro parche fiscal para cubrir déficits estructurales del Estado, sin que se note ninguna mejora ambiental tangible.

Un nuevo impuesto sin nombre

Esta práctica de disfrazar impuestos con nombres nobles, “contribución especial”, “fideicomiso ambiental”, “aporte solidario”,  no solo encarece operar en el país. También erosiona la confianza en las instituciones. Porque no se trata de cuánto se paga, sino de qué se hace con lo que se paga.

Un verdadero tributo con sentido ecológico se basa en criterios técnicos: volumen de residuos generados, peligrosidad, mecanismos de mitigación. Lo que hoy tenemos es un arbitrio generalizado, que no discrimina por actividad ni por prácticas responsables, y que además carece de toda visibilidad pública. Ni las empresas saben qué están financiando, ni los ciudadanos ven ningún resultado.

Una reflexión necesaria

El país no necesita más arbitrios improvisados. Necesita instituciones que planifiquen, regulen y rindan cuentas. Necesita que se respete el principio de legalidad tributaria, que exige que todo impuesto, tasa o contribución tenga una finalidad clara, un destino público y un control democrático.

Cobrar por residuos sólidos sin mostrar qué se ha hecho con los recursos es una falta grave, no solo administrativa, sino moral. Es exigir sacrificios sin ofrecer soluciones. Y eso es incompatible con un modelo económico que aspira a ser sostenible.

El Estado dominicano debe dejar de ver al sector formal como una chequera automática. Y nosotros, como ciudadanos y empresarios, debemos exigir no solo menos impuestos, sino tributos con propósito. Si no lo hacemos, seguiremos alimentando una máquina recaudadora que no sabe a dónde va, pero siempre sabe a quién cobrarle.