¿Alquiler o estrategia de desarrollo estatal?

Una respuesta razonada a quienes insinúan corrupción donde no hay evidencia

Por: Ing. Andrés Nova
Pulso RD

Las alarmas públicas deben sonar cuando hay irregularidades. Pero también deben apagarse cuando los datos dicen otra cosa. Eso es responsabilidad cívica. En estos días, se ha intentado instalar la idea de que el contrato de alquiler del nuevo edificio para la Dirección General de Pasaportes es sospechoso o corrupto. La narrativa se basa en cifras sin contexto, omisiones técnicas y, en algunos casos, puro sensacionalismo.

Aquí respondo como lo haría cualquier ciudadano que sepa sumar, leer balances y distinguir entre un hecho y una conjetura.

¿Qué se alquila y en qué condiciones?

El contrato firmado por Pasaportes contempla el alquiler de un edificio de 4,898 m² de construcción, sobre un solar de 6,000 m², más un área adicional de 1,125 m² de parqueo, ya adecuada. El inmueble no se entrega vacío: se acondiciona bajo el modelo “llave en mano”, es decir, totalmente listo para operar, con mobiliario, climatización, cableado y terminaciones. No hay que invertir ni un peso adicional para funcionar.

El edificio será entregado en los próximos meses, y su uso permitirá descongestionar servicios, ampliar la atención ciudadana y mejorar los ingresos propios de la institución.

¿Quién es el propietario real?

No se trata de un empresario oculto ni de una empresa pantalla. El inmueble pertenece al Fondo Cerrado de Desarrollo Inmobiliario I, administrado por AFI Banreservas, una entidad regulada, pública en su naturaleza y supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores.

Este fondo no es un fideicomiso privado ni una estructura opaca. Es un vehículo de inversión legal que se nutre de cuotas institucionales y busca renta moderada, no ganancias exorbitantes. El edificio sigue dentro del circuito público y podría ser comprado más adelante por el Estado, si así se decide.

¿Qué costo tiene realmente?

Se ha repetido que el alquiler es de 158,000 dólares mensuales. Esa cifra, sin explicación, genera alarma. Pero lo cierto es que incluye dos elementos clave:

• El 18 % de ITBIS, que el Estado paga pero que vuelve a recaudar.

• Los depósitos de garantía, que no representan ingresos para el fondo y se depositan en una entidad pública (Banco Agrícola).

Una vez descontados esos montos, el valor real del alquiler queda en 25.64 dólares por metro cuadrado, un precio razonable para un inmueble completamente adecuado, con parqueo y entrega inmediata. Si se comparara con locales privados sin adecuación ni permanencia garantizada, el número estaría por debajo del promedio.

¿Por qué no se compró el edificio?

Porque la Dirección General de Pasaportes no cuenta actualmente con los fondos para adquirirlo, como ocurre con muchas entidades públicas. Sin embargo, esta institución sí genera ingresos propios a través de los servicios que presta. Y al trasladarse a un espacio más eficiente y visible, podrá mejorar su operatividad y sus finanzas, lo cual le permitiría eventualmente adquirir el inmueble si así se prioriza.

Mientras tanto, el alquiler le permite funcionar en condiciones óptimas, sin improvisaciones ni préstamos.

¿Dónde estaría la corrupción?

Aquí conviene hacer una pausa lógica. Si el fondo estuviera siendo usado para beneficiar a alguien, uno esperaría que los inversionistas recibieran una rentabilidad por encima del promedio. Sin embargo, los rendimientos publicados por AFI Banreservas muestran retornos menores al 6.04 % anual, incluso por debajo de lo que ofrecen instrumentos del mercado financiero dominicano como los bonos del Ministerio de Hacienda o del Banco Central.

Entonces, ¿por qué alguien invertiría en ese fondo? Porque, como ocurre con las AFP o con fondos de pensión,  se busca seguridad y estabilidad en el tiempo, no ganancias rápidas. Y esa es precisamente la razón por la cual es el tipo de vehículo ideal para invertir en infraestructura estatal: es estable, predecible y está regulado.

Desde el punto de vista financiero, no hay ningún incentivo para inventar sobrecostos, porque el propio rendimiento del fondo es bajo y público. Pensar lo contrario no solo contradice la lógica del mercado, sino que revela cómo las sospechas muchas veces se construyen sin evidencia.

¿Es legal la contratación?

Sí. La Ley 340-06 permite la modalidad de proveedor único, siempre que se justifique técnicamente que no hay otra opción disponible con las condiciones requeridas. En este caso, el inmueble fue desarrollado con especificaciones diseñadas para Pasaportes. No hay otro igual en ese entorno. El procedimiento se justifica legalmente y puede ser auditado como cualquier otro contrato.

¿Y qué gana el Estado?

• Una sede nueva, funcional, lista para operar.

• Mejora inmediata del servicio y de la recaudación institucional.

• Un contrato transparente, con costos definidos.

• La posibilidad de adquirir el inmueble en el futuro, si lo desea.

• Control sobre la inversión pública hecha en adecuaciones, que no se pierde como en otros casos.

¿Es esta práctica algo exclusivo de República Dominicana?

En absoluto. Este modelo de arriendo estatal mediante fondos de inversión regulados es aplicado en múltiples países con altos estándares de gestión pública, como Chile, Canadá, Alemania y Colombia, entre otros. En esos contextos, el Estado no siempre compra, sino que utiliza esquemas de alquiler a largo plazo cuando le conviene proteger liquidez, evitar deuda o garantizar entrega inmediata de infraestructura pública funcional.

La lógica es sencilla: si un fondo regulado puede entregar un inmueble equipado, funcional y bajo contrato transparente, el Estado puede ahorrar tiempo, reducir riesgos constructivos y mantener el control operativo. En vez de improvisar o endeudarse para construir, accede a espacios adecuados sin comprometer grandes recursos de golpe.

Estos mecanismos son considerados modelos de eficiencia financiera y administrativa cuando se aplican con reglas claras y supervisión adecuada. Lo que se ha hecho aquí , aunque aún poco común en nuestro país,  no es una anomalía, sino parte de una tendencia internacional hacia la racionalización del gasto público.

Conclusión: ¿duda o manipulación?

Cuestionar lo público es sano. Desinformar, no. En este caso, los datos no apuntan a un escándalo, sino a un mecanismo de financiamiento legal, con rentabilidad baja, uso institucional y retorno social. Lo que debería debatirse es cómo replicar este modelo en otras instituciones que aún alquilan locales en malas condiciones, no cómo destruir lo que funciona.

Hay que saber distinguir entre transparencia y morbo, entre auditoría y prejuicio. Y sobre todo, entre preguntas legítimas y sospechas sembradas sin pruebas.