“ADOCCO y el riesgo de convertir la lucha anticorrupción en un eco de intereses”
A veces, las denuncias más sonoras esconden silencios más reveladores. En el caso Intrant–ADOCCO, los documentos dicen lo que los titulares omitieron. Este reportaje revisa pliegos, decisiones y fechas que otros pasaron por alto. No defiende ni acusa: expone y deja pensar. Porque entre la verdad y el ruido, siempre hay quien elige escuchar.
ERRORES ILUSTRADOSHOMBRES DE HONORGOBERNANZA
Manuel Sambrano
10/9/202531 min read
Introducción contextual
En República Dominicana se desarrolla una controversia en torno a la reciente licitación para implementar un nuevo sistema de emisión de licencias de conducir. La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) ha formulado una denuncia pública y formal contra el proceso, señalando al ingeniero Milton Morrison, director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), de supuesta confabulación con el consorcio ganador de la licitación –Mobility ID– para defraudar al Estado[1]. La acusación ha causado revuelo mediático y ha motivado la intervención de organismos de control, en un contexto donde la modernización del sistema de licencias busca romper con esquemas vigentes por más de 20 años y mejorar la seguridad documental. Este artículo investigativo repasa las acusaciones de ADOCCO, contrasta con la documentación oficial del proceso licitatorio, presenta los argumentos técnicos y legales en defensa de la transparencia del concurso, y perfila la trayectoria de Milton Morrison, un funcionario que se encuentra en el ojo público. Asimismo, se exploran posibles motivaciones detrás de la denuncia, invitando al lector a un análisis crítico de los hechos más allá de las apariencias iniciales.
Detalle de las acusaciones de ADOCCO
ADOCCO, a través de su presidente Julio César de la Rosa Tiburcio, depositó el 8 de octubre una querella ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), enumerando una serie de presuntas irregularidades graves en el proceso de licitación del Intrant. Entre las acusaciones principales, la denuncia afirma que Milton Morrison actuó en confabulación con el Consorcio Mobility ID para cometer actos tipificados como delitos en las leyes dominicanas. De acuerdo con ADOCCO, tales actos incluirían falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, lavado de activos y soborno, citando violaciones a artículos del Código Penal (146 al 148, 150-151, 265-266) y de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, entre otros. La gravedad de estos señalamientos implica acusar a los involucrados de tramar un fraude contra el Estado.
Específicamente, ADOCCO sostiene que la licitación para la instalación y operación del sistema integral de licencias fue irregular desde su concepción. La organización denuncia que solo participó un oferente (Mobility ID) en el concurso, lo cual atribuyen a que el proceso fue “dirigido” para favorecer a este consorcio. Argumentan que el pliego de condiciones impuso trabas excesivas a posibles competidores, mencionando requisitos financieros desproporcionados –por ejemplo, la exigencia de demostrar una línea de crédito de 25 millones de dólares– que habrían disuadido o excluido a otras empresas interesadas. De la Rosa Tiburcio enfatizó que tales condiciones violarían los principios de libre participación y competencia establecidos en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.
Otra acusación concreta es la presunta presentación de documentación falsa por parte de Mobility ID para cumplir con los requisitos técnicos. Según la denuncia, el consorcio habría aportado credenciales engañosas respecto a una impresora láser modelo CLM600, atribuyéndose indebidamente la condición de fabricante exigida en el pliego, “sin poseerla realmente”. Esto apuntaría a un posible fraude documental en la oferta técnica. ADOCCO también afirma que el Intrant ignoró impugnaciones formales durante el proceso de adjudicación: pese a recursos presentados contra la licitación, la institución supuestamente continuó adelante e incluso anticipó la apertura del Sobre B (oferta económica) de Mobility ID antes de resolver las quejas. Esta acción, de ser cierta, contravendría las normas de compras que obligan a atender primero las objeciones antes de adjudicar.
Además, la denuncia alerta sobre un riesgo para la seguridad nacional: señala que las mismas empresas que conforman Mobility ID ya gestionan otras bases de datos sensibles, pues integran los consorcios responsables de emitir las libretas de pasaportes y la nueva cédula de identidad dominicana. Concentrar cédulas, pasaportes y licencias de conducir en un solo grupo sería, a juicio de ADOCCO, una situación potencialmente peligrosa que facilitaría la creación fraudulenta de identidades y documentos oficiales. Este argumento sugiere que más allá de lo legal, la ética y conveniencia de adjudicar a Mobility ID resultaría cuestionable por motivos de seguridad de Estado.
En síntesis, ADOCCO pinta un cuadro de irregularidades deliberadas: un pliego presuntamente confeccionado a la medida de un ganador predefinido, requisitos que habrían marginado a otros competidores, falsedades en la oferta ganadora, violaciones al debido proceso en la adjudicación y consecuencias riesgosas para la información ciudadana. La organización afirma haber entregado a las autoridades “todas las pruebas documentales” que respaldan sus denuncias, solicitando una investigación exhaustiva que podría derivar en acciones penales contra Milton Morrison y los integrantes del consorcio adjudicatario.
Revisión documental del proceso licitatorio
Para entender la defensa de Milton Morrison frente a estas acusaciones, es necesario revisar cómo se desarrolló el proceso de licitación INTRANT-CCC-LPN-2025-0001, según documentan fuentes oficiales y resoluciones relacionadas. El concurso correspondió a la contratación del “Servicio para la Instalación y Operación de un Sistema Integral de Emisión de Licencias de Conducir Vehículos de Motor”, con un valor estimado inicialmente en torno a RD$8,175 millones y finalmente adjudicado en unos RD$8,400 millones (aproximadamente US$147 millones). Dada la magnitud y la importancia estratégica (documentos de identificación), se trató de una licitación pública de alcance internacional, abierta a empresas nacionales y extranjeras con capacidad en la materia.
Cronograma y etapas: El Intrant dio inicio al proceso a mediados de 2025, publicando un pliego de condiciones que atrajo observaciones de diversos actores. A pesar de las críticas (que luego detallaremos), la institución asegura que todas las etapas se desarrollaron conforme al cronograma aprobado, sin alteraciones ilegítimas. Un comunicado de prensa del Intrant del 24 de julio de 2025 –un día antes de la fecha prevista para recepción de ofertas– informaba que la licitación “continúa su curso con total normalidad”, reiterando que la apertura de sobres de ofertas estaba programada para el 25 de julio a las 9:30 a.m., en fiel cumplimiento del calendario establecido. Esto desmentiría la aseveración de ADOCCO sobre supuestas violaciones al cronograma. En esa comunicación, el Intrant reveló también que durante el proceso la empresa Dekolor S.R.L., antiguo suplidor del servicio, había intentado frenar la licitación en doce ocasiones, todas sin éxito.
Impugnaciones y recursos: La revisión documental muestra que, efectivamente, el proceso licitatorio fue sometido a un intenso escrutinio legal antes de adjudicarse. La empresa Dekolor, que durante 20 años manejó la emisión de licencias en el país, interpuso múltiples recursos tanto administrativos como judiciales buscando detener la competencia. En total, Intrant reportó 5 acciones legales ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), de las cuales todas fueron rechazadas o declaradas sin lugar, incluyendo un recurso de amparo de extrema urgencia desestimado por carecer de objeto. Adicionalmente, 6 impugnaciones en sede administrativa (es decir, dentro del propio Intrant u otras instancias gubernamentales) fueron atendidas y también resultaron infructuosas. Una sexta acción –en este caso iniciada por Dekolor ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)– fue declarada inadmisible, luego de que la DGCP constatara que el Intrant ya había respondido formalmente a los señalamientos de Dekolor, corrigiendo los aspectos objetados del pliego. En otras palabras, algunas de las observaciones planteadas por participantes u órganos vigilantes fueron subsanadas durante el mismo proceso, a satisfacción de la autoridad contratante y de la DGCP.
Una de las instancias más relevantes ocurrió en julio de 2025, cuando una empresa denominada OML Inversiones, S.R.L. solicitó a la DGCP una investigación del pliego por supuestas violaciones de principios legales. Esta firma alegaba que cierta cláusula de las bases –relativa a certificaciones y declaraciones juradas exigidas en la oferta técnica– imponía requisitos que a su juicio constituían “documentaciones de solvencia moral”, vulnerando la presunción de inocencia y la razonabilidad en la competencia. Sin embargo, la DGCP examinó el caso y encontró que el Intrant ya había modificado el pliego, eliminando los literales específicos objeto de controversia (se trataba del ordinal 7) del numeral 28.1.1). Dichas subcláusulas fueron suprimidas en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, lo que dejó sin efecto la queja de OML Inversiones. En consecuencia, la DGCP declaró inadmisible la solicitud de investigación, al no subsistir la causa de la denuncia tras la corrección realizada. Este episodio evidencia que el proceso licitatorio contó con retroalimentación y ajustes sobre la marcha para garantizar su apego a la normativa, desmontando la idea de que las impugnaciones habrían sido ignoradas sistemáticamente.
Otro hito importante fue la intervención del Tribunal Superior Administrativo (TSA) en la etapa previa a la adjudicación. En septiembre de 2025, el TSA llegó a ordenar una suspensión temporal de la licitación mientras se conocía el fondo de una acción de amparo interpuesta (presumiblemente por intereses vinculados al oferente saliente). No obstante, esa medida cautelar fue prontamente superada; el Intrant indicó que para principios de octubre ya contaba con luz verde para adjudicar, tras desestimarse las trabas legales. De hecho, el 4 de octubre de 2025 el organismo anunció públicamente el resultado del proceso: la contratación del Consorcio Mobility ID como nuevo emisor de la licencia de conducir en el país, al haber presentado la oferta ganadora en la licitación internacional. Pocos días después, el 6 de octubre, el Intrant procedió a suscribir el contrato con el consorcio adjudicado –un documento de 31 páginas firmado por Milton Teófilo Morrison Ramírez como Director Ejecutivo del Intrant, en representación del Estado. – consolidando formalmente la alianza público-privada para ejecutar el nuevo sistema en un plazo plurianual.
Todo este recorrido documental muestra un proceso licitatorio largamente deliberado y vigilado. Lejos de ser un trámite exprés u oculto, la licitación duró varios meses (convocada en el primer semestre de 2025 y concluida en octubre) y enfrentó constantes pruebas de legalidad –desde observaciones técnicas hasta litigios en los tribunales–. Cada desafío fue respondido institucionalmente: el Intrant ajustó el pliego cuando fue necesario, la DGCP acompañó con sus controles, y los tribunales rechazaron las impugnaciones que carecían de fundamento o propósito. Contrario a la narrativa de un procedimiento “amañado”, la evidencia sugiere que la licitación respetó el debido proceso y que la continuidad del concurso hasta su culminación fue producto de decisiones legales que avalaron su legitimidad.
Argumentos legales y técnicos que refutan los señalamientos
Atendiendo puntualmente a las denuncias de ADOCCO, emergen varios argumentos de defensa sustentados en la documentación y en consideraciones técnicas:
Participación de un único oferente: Es cierto que finalmente solo el Consorcio Mobility ID presentó oferta y resultó adjudicatario. Sin embargo, esto no implica por sí mismo colusión o direccionamiento indebido. La licitación fue convocada internacionalmente y abierta a cualquier interesado que cumpliera los requerimientos. Que otros posibles competidores no hayan llegado a la etapa final puede explicarse por la altísima exigencia técnica y financiera inherente al proyecto, y por las propias decisiones de los competidores (algunos prefirieron impugnar el pliego en lugar de participar). Requisitos como demostrar cierto capital o líneas de crédito abultadas son comunes en contratos de gran envergadura: en este caso, un compromiso de más de RD$8 mil millones justificaba pedir solvencia demostrable (~US$25 millones de crédito) para asegurar que el adjudicatario pudiera acometer inversiones iniciales fuertes (equipos, tecnología, personal) sin contratiempos. Tales condiciones buscan proteger el interés público evitando contratar empresas sin capacidad real para cumplir. La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) sí criticó que algunas exigencias eran potencialmente desproporcionadas –por ejemplo, solicitar historial de facturación de 5 años mientras solo pedían estados financieros de 3 años, o penalizar con pérdida de puntos la falta de consorcios con fabricantes específicos–. No obstante, como vimos, al menos una parte de esas inquietudes derivó en ajustes al pliego (eliminación de requisitos cuestionados), lo que sugiere que se buscó un balance entre amplitud de competencia y garantías de idoneidad. Aun con esos ajustes, la complejidad del proyecto pudo desalentar a oferentes menos preparados; no debe olvidarse que se trata de montar un sistema integral de licencias con componentes de alta seguridad (biometría, criptografía, policarbonato, etc.), algo que pocas empresas en el mundo están en capacidad de proveer. En definitiva, la participación de un solo consorcio, lejos de probar una manipulación, podría reflejar el carácter especializado del servicio y la cautela de posibles competidores ante un pliego exigente pero justificado por la criticidad del contrato.
Requisito de consorciarse con fabricantes y equipo CLM600: ADOCCO alega que Mobility ID falseó documentación sobre la impresora láser CLM600 para simular el cumplimiento de la exigencia de contar con fabricante del equipo. Este punto técnico requiere verificación especializada. El pliego, según FJT, obligaba a los licitantes a asociarse con fabricantes específicos de tarjetas de policarbonato e impresoras láser, so pena de descuento de puntos. Es comprensible que el Intrant exigiera cartas de los fabricantes o certificados de representación para garantizar que el oferente tuviera acceso legítimo a insumos críticos (tarjetas vírgenes, impresoras y repuestos) y soporte técnico directo. Si Mobility ID no contaba internamente con el fabricante, lo usual es presentar una certificación del fabricante avalando al consorcio. Habrá que dilucidar si la documentación aportada por Mobility ID en efecto contenía información falsa –por ejemplo, alegar que una de sus empresas era fabricante cuando no lo era– o si más bien fue un malentendido en la interpretación (podría haber afirmado tener respaldo de fábrica en lugar de ser fabricante). En cualquier caso, corresponde a las autoridades investigar esa alegación específica; pero cabe resaltar que durante la evaluación técnica, estas credenciales debieron ser validadas por el comité evaluador y posiblemente por peritos especialistas. Si el comité dio por buena la documentación, es de suponerse que no detectó irregularidad en ella. De comprobarse posteriormente algún engaño, existen mecanismos legales para sancionar al proveedor e incluso rescindir el contrato; por tanto, resultaría ilógico que Milton Morrison o los funcionarios del Intrant hubiesen “confabulado” para aceptar documentos falsos a sabiendas, pues ello comprometería gravemente el proyecto y sus propias responsabilidades. Más bien, el Intrant confió en la veracidad de las certificaciones presentadas, y ahora esas alegaciones deberán ser contrastadas con la realidad (por ejemplo consultando directamente al fabricante de la impresora si otorgó aval al consorcio). En suma, la denuncia sobre la CLM600 deberá probarse, y hasta el momento es una afirmación unilateral que aún no ha sido corroborada por un peritaje independiente.
Apertura adelantada del Sobre B e ignorar impugnaciones: Según ADOCCO, el Intrant prosiguió la licitación pese a recursos pendientes, llegando a abrir la oferta económica de Mobility ID sin esperar la resolución de quejas. Desde el punto de vista procedimental, esta afirmación choca con los registros oficiales. Como se describió en la sección previa, todas las impugnaciones formales fueron resueltas o rechazadas por las instancias correspondientes antes de la adjudicación. De hecho, Intrant no habría podido suscribir el contrato si hubiera alguna medida cautelar vigente o algún recurso con efecto suspensivo en trámite. El propio ADOCCO reconoce en su denuncia que el caso fue también llevado ante la DGCP y que dicha entidad debía decidir. Lo que sucedió en la realidad es que la DGCP no detuvo el concurso; al contrario, acompañó el proceso y no emitió objeción final que impidiera continuar. En cuanto a la apertura del Sobre B, es cierto que esta se realizó el 25 de julio luego de que la única oferta técnica (Sobre A) superara la evaluación –tal como consta en el acta del Comité de Compras que declaró habilitado al oferente para la etapa económica.– Dado que no había más proponentes en liza, la apertura del Sobre B de Mobility ID se efectuó conforme al cronograma, una vez concluido el análisis técnico. Es posible que ADOCCO aluda a que existían impugnaciones administrativas de otros actores aún no respondidas en ese momento; sin embargo, los documentos señalan que Intrant atendió oportunamente todas las impugnaciones, emitiendo respuestas formales y, en su caso, realizando correcciones, lo cual fue verificado por la DGCP. Por tanto, no se trató de ignorar impugnaciones sino de proceder cuando ya no quedaban obstáculos jurídicos que lo impidieran. Cabe añadir que la presencia de un notario público durante las aperturas de sobres y la elaboración de actas notariales dan fe de la regularidad de esas actuaciones. No ha emergido evidencia concreta de que se haya abierto la oferta económica antes de tiempo en violación a las reglas; esta acusación de ADOCCO, de nuevo, se basa en su interpretación de los hechos pero contrasta con la versión oficial documentada.
Concentración de información sensible en un solo consorcio: ADOCCO alerta que las mismas empresas de Mobility ID manejan datos de cédulas y pasaportes, lo que generaría un riesgo de seguridad nacional. En efecto, el Consorcio Mobility ID está conformado por Midas Dominicana, G.E.T. Secure ID, Consorcio STC y Thomas Greg & Sons, varias de las cuales participan en proyectos de documentación oficial en el país. Esta situación, sin embargo, fue considerada como una ventaja estratégica por las autoridades, más que un riesgo, porque la nueva contratación introduce controles estatales inéditos sobre la información. En la rueda de prensa donde se anunció la adjudicación, Milton Morrison destacó que por primera vez el Estado dominicano tendrá el control directo del sistema de datos ciudadanos vinculados a las licencias, puesto que el contrato garantiza que el software, el código fuente y la base de datos de licencias pasen a propiedad estatal. Esto contrasta con el esquema anterior, donde toda esa información estaba en manos de la empresa saliente (Dekolor) desde hacía dos décadas. Es decir, se reduce la dependencia de una compañía privada para acceder a los datos sensibles, recuperando el Estado la soberanía sobre ellos. Asimismo, la participación de empresas con experiencia probada en documentos de alta seguridad puede interpretarse como un factor positivo: se trata de proveedores que han sido validados previamente en licitaciones para pasaportes y cédulas, sujetándose a estándares internacionales de protección de datos. Lejos de facilitar identidades fraudulentas, la unificación bajo un consorcio experimentado, con supervisión estatal, podría robustecer la seguridad al implementar tecnología biométrica avanzada y evitar la dispersión de responsabilidades. Con el nuevo contrato, se introduce, por ejemplo, la licencia en policarbonato con elementos de seguridad de última generación (QR dinámico, hologramas, firma digital PKI, etc.), y un sistema de verificación biométrica conectado a la base de datos central. Todo ello tiende un cerco más difícil de vulnerar en comparación con el sistema anterior. En términos financieros, Morrison informó que el Estado recibirá beneficios económicos de alrededor de RD$1,000 millones durante la vigencia del contrato, recursos que se reinvertirán en programas de seguridad vial. Este es un cambio sustancial, ya que con el proveedor previo el Estado prácticamente no percibía ganancias y además asumía pérdidas operativas. Por lo tanto, aunque la preocupación de ADOCCO sobre la concentración de datos es comprensible, el diseño del nuevo modelo parece mitigar ese riesgo al dar más control al Estado y mejorar las condiciones de seguridad y beneficio público.
En suma, ninguno de los señalamientos de ADOCCO carece de respuesta o contextualización. Las supuestas irregularidades se debaten punto por punto con elementos objetivos: un único oferente puede ser consecuencia de un alto estándar técnico (no necesariamente de colusión), los requisitos duros del pliego buscaban asegurar competencia calificada (y algunos se ajustaron ante críticas válidas), las credenciales técnicas de Mobility ID fueron evaluadas y serán objeto de verificación si se duda de ellas, las impugnaciones al proceso sí fueron atendidas y el proceso se apegó a la legalidad, y la concentración de contratos en un consorcio reconocido viene acompañada de mayores garantías para el Estado que las existentes previamente. Legalmente, el procedimiento contó con el visto bueno de la DGCP y la validación de los tribunales al desechar las objeciones infundadas. Técnicamente, la oferta ganadora promete resolver deficiencias históricas (cobertura limitada, obsolescencia tecnológica, falta de control estatal) con soluciones de vanguardia. Estos argumentos conforman la base de la defensa documental y racional de Milton Morrison y el Intrant ante la opinión pública y las autoridades investigativas.
Transparencia institucional: veeduría y acompañamiento de entes externos
Un aspecto medular para valorar la integridad de la licitación es la participación de entes de control y observación durante el proceso. Lejos de conducirse en la opacidad, el concurso de licencias contó con mecanismos de veeduría ciudadana y acompañamiento técnico, algunos de los cuales fueron destacados en su momento por las autoridades.
Desde junio de 2025, al inicio del procedimiento, se conformó una Comisión de Veeduría de la Sociedad Civil integrada por representantes de la sociedad civil y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en coordinación con el Intrant. Esta comisión tenía el propósito expreso de supervisar el proceso licitatorio, asegurando que se desarrollara con transparencia, pluralidad y apego a la ley. La incorporación de veedores ciudadanos es una práctica de buena gobernanza que aporta confianza, pues observadores independientes pueden dar fe de las actuaciones y alertar de cualquier desviación. De hecho, la FJT –que criticó el pliego– reconoció la existencia de dicha comisión y exhortó a sus miembros a atender las preocupaciones planteadas sobre los requisitos, en vista de la importancia del contrato envuelto. Esto indica que la presencia de veedores fue pública y funcional; aunque surgieron cuestionamientos, los comisionados tenían la facultad de examinarlos. No se ha reportado que la veeduría haya emitido un dictamen adverso final, lo que sugiere que o bien quedaron satisfechos con los cambios introducidos (como la eliminación de algunas cláusulas polémicas) o consideraron que el proceso se recondujo adecuadamente.
En la fase final de adjudicación, el Intrant invitó a diversos actores como testigos del cierre del proceso. En la rueda de prensa del 4 de octubre donde se anunció el ganador, estuvieron presentes los veedores del proceso junto a periodistas y comentaristas de radio/TV. Según Diario Libre, entre los veedores asistentes figuraban representantes académicos (la Universidad INTEC), funcionarios de otras instituciones (como un viceministro de Interior y Policía, Edwin Féliz), juristas destacados (Miguel de la Rosa, expresidente del Colegio de Abogados) y otros líderes de opinión. La diversidad de este grupo apunta a una estrategia deliberada del Intrant de abrir las puertas a la observación externa, para demostrar que nada había que ocultar en la adjudicación. Estas personas independientes pudieron comprobar de primera mano la transparencia con que se presentó el resultado y se explicaron las ventajas del nuevo contrato.
Un elemento crucial fue el rol de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), autoridad rectora en materia de compras y contrataciones. Carlos Pimentel, director de la DGCP, sostuvo durante el desarrollo del caso que el “negocio de las licencias de conducir” históricamente había sido un entramado poco transparente y necesitaba reformarse profundamente. Sus palabras denotaban apoyo a la iniciativa de cambio que representaba la licitación emprendida por el Intrant. De hecho, Milton Morrison afirmó que la convocatoria se realizó “con toda la transparencia posible y el apoyo de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)”, evidenciando que la DGCP acompañó institucionalmente el proceso. ¿En qué consistió ese apoyo? Además de recibir y resolver impugnaciones, la DGCP pudo haber brindado asistencia técnica en la elaboración del pliego para alinearlo con mejores prácticas, así como la designación de observadores técnicos durante las evaluaciones. Es sabido que la DGCP tiene un departamento de Compras Sectoriales y programas de transparencia que suelen involucrarse en licitaciones sensibles, ya sea emitiendo opiniones o supervisando la conformidad legal. En este caso, no se registró ninguna declaratoria de urgencia ni excepción –lo que hubiera encendido alarmas–, sino que la DGCP dejó correr el proceso ordinario, limitándose a intervenir cuando hubo quejas (que resolvió sin anular la licitación). Por ende, su participación puede interpretarse como un respaldo tácito a la regularidad de la compra.
Asimismo, aunque no se ha publicitado un acompañamiento internacional específico (por ejemplo, observadores de entes multilaterales), la propia naturaleza internacional de la licitación implicó alinearla con estándares globales. Empresas extranjeras participaron en el consorcio ganador (Thomas Greg & Sons es de origen colombiano-brasileño, con operaciones en varios países; G.E.T. Secure ID tiene casa matriz en Canadá, etc.), lo que supuso la introducción de tecnología de punta y prácticas comparadas de otros mercados. Cabe destacar que el consorcio adjudicado fue evaluado no solo en precio sino en criterios de calidad técnica –incluyendo la seguridad de la solución propuesta–, contando el comité evaluador con peritos especializados en sistemas de identificación. Esos peritos pudieron provenir de instituciones como la Junta Central Electoral (responsable de la cédula) o ministerios técnicos, aportando un acompañamiento nacional interinstitucional valioso.
Por último, no debe obviarse la participación del Ministerio Público en este entramado. Paradójicamente, antes de ser denunciado, Milton Morrison acudió al Ministerio Público por cuenta propia: a principios de julio de 2025, Morrison presentó una querella penal denunciando un intento de soborno relacionado con esta licitación. En dicha acción legal, el Director del Intrant narró que Rogelio Oruña, presidente de Dekolor, lo visitó ofreciéndole US$1 millón más un pago mensual de RD$3 millones durante 5 años para que favoreciera a su empresa con el nuevo contrato. Morrison rechazó la oferta e informó formalmente del hecho a las autoridades. Según la querella, luego de negarse al soborno, Morrison recibió presiones y amenazas veladas: Oruña habría advertido que “Jochi (Gómez) te está preparando algo”, insinuando represalias, y el abogado Ángel Lockward –representante legal de Dekolor– le sugirió que atenerse a las consecuencias (impugnaciones, escándalos) si no cedía. La relevancia de este episodio es mayúscula: demuestra que Milton Morrison promovió la transparencia hasta el punto de denunciar intentos de corrupción en el proceso. También revela que había intereses particulares muy fuertes opuestos al cambio de proveedor, los cuales no dudaron en recurrir a ofertas ilícitas y campañas de presión para frenar la licitación. La PEPCA tiene en sus manos esa querella de Morrison contra Oruña y asociados, lo que complementa la historia con otro ángulo de la lucha anticorrupción. Este contexto de veeduría, apoyo institucional y denuncia proactiva de soborno refuerza la percepción de que, lejos de una confabulación, Milton Morrison y las entidades acompañantes buscaron blindar la licitación frente a vicios e influencias indebidas.
Perfil profesional del ingeniero Milton Morrison
Entender la posición de Milton Morrison en esta situación también requiere conocer su trayectoria profesional y pública. Morrison no es un improvisado en la administración pública, sino un ingeniero y gestor con amplia experiencia, reconocido por su integridad en anteriores funciones.
Milton Teófilo Morrison Ramírez, de 50 años, es un ingeniero eléctrico dominicano, egresado con honores (Cum Laude) de la Universidad INTEC. Posee una maestría en Desarrollo y Planificación por la Universidad de Bradford, Inglaterra, y una especialización en Estrategias de Mercados Eléctricos por la Universidad de Florida, Estados Unidos. Su formación académica sólida se complementa con un perfil polifacético: es también escritor y empresario, autor de varios libros sobre desarrollo económico y energía, y fue merecedor del Premio Nacional de la Juventud en 1999 por sus aportes profesionales.
En el sector público, Morrison ha ocupado puestos de alta responsabilidad. Recientemente, de 2020 a 2024 se desempeñó como Administrador Gerente General de Edesur, la empresa distribuidora de electricidad del Sur, liderando una de las tres compañías estatales de distribución eléctrica. Su gestión en Edesur fue valorada como exitosa en cuanto a indicadores de mejora del servicio eléctrico, expansión de redes y reducción de pérdidas, según destacan reportes del sector energético. Previamente, entre 2000 y 2004, fue el director fundador de la Dirección de Energía del entonces Ministerio de Industria y Comercio, impulsando políticas de energías renovables en sus inicios. También ejerció como vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) de 2010 a 2017, representando los intereses de generadores privados ante el Estado. Esta combinación de experiencias público-privadas le granjeó reputación de técnico capaz y negociador hábil en un sector tan complejo como el eléctrico.
En agosto de 2020, tras el cambio de gobierno, Morrison fue nombrado al frente de Edesur por el presidente Luis Abinader, y formó parte de los jóvenes profesionales de confianza de la nueva administración. Luego, en julio de 2024, el presidente Abinader lo designó como Director Ejecutivo del Intrant, confiándole la tarea de reformar el organismo rector del transporte y tránsito terrestre. Su llegada al Intrant coincidió con la agenda gubernamental de modernizar servicios clave, entre ellos el sistema de licencias de conducir. La designación fue recibida con optimismo: Morrison era visto como un gerente “todoterreno”, acostumbrado a retos institucionales y con una imagen de honestidad y eficiencia. De hecho, en entrevistas ha expresado que aceptó el cambio desde Edesur al Intrant porque le motiva servir más allá del sector eléctrico y contribuir a transformar áreas que impactan directamente la vida de la gente, como el transporte y la seguridad vial.
En el plano personal y político, Milton Morrison es fundador del partido político País Posible, una organización orientada a la participación de jóvenes profesionales en política, aunque en la práctica ha mantenido un perfil técnico más que partidista en sus cargos públicos. Es hijo de Mateo Morrison, reconocido escritor dominicano, lo que subraya su vínculo familiar con la cultura y la ética del trabajo intelectual. Como autor, destacan sus libros “La ruptura generacional: Hacia una renovación de la esperanza” (2008) y “Confusiones, intereses y debates: la realidad eléctrica dominicana” (2015), en los cuales aboga por reformas estructurales y transparencia en sectores estratégicos.
La trayectoria de Morrison muestra un patrón de logros y rectitud. Bajo su liderazgo en Edesur, por ejemplo, la empresa aseguró más del 95% de abastecimiento energético en su zona y mejoró indicadores financieros en un período corto, según reportes de la prensa económica. Es conocido por promover una cultura de resultados medibles y por no temer enfrentarse a prácticas viciadas: el hecho de haber denunciado un intento de soborno en pleno ejercicio de sus funciones en Intrant refuerza esa imagen. Analistas locales señalan que Morrison ha asumido el Intrant con similar determinación, enfrentando nudos históricos (casos de corrupción administrativa en licencias, desorden en el transporte público, etc.) con políticas de mano firme y apoyo de la tecnología.
En este contexto, la denuncia de ADOCCO contra él ha sorprendido a muchos, dado que su historial profesional no registra escándalos previos de corrupción ni señalamientos éticos serios. Por el contrario, se le reconoce por abrir procesos a la observación pública –como hizo al invitar a veedores sociales en la licitación– y por someter a la justicia irregularidades –como demostró al querellarse contra la coacción del excontratista Dekolor. – Todo ello no exime que cualquier acusación deba investigarse con rigor, pero sí ofrece un contexto de credibilidad en torno a Milton Morrison. Su defensa no se basa únicamente en argumentos jurídicos, sino también en el peso de una carrera donde ha pregonado la transparencia institucional.
Posibles motivaciones detrás de la denuncia
Si bien las denuncias de corrupción siempre deben tomarse en serio, un análisis más profundo y sutil sugiere que la ofensiva de ADOCCO contra Milton Morrison podría estar influenciada por motivaciones e intereses ocultos en esta licitación. Examinemos algunos elementos que llaman la atención:
1. El trasfondo de un contrato históricamente monopólico: Durante 20 años, la emisión de licencias de conducir estuvo en manos de un solo proveedor, Dekolor, bajo un modelo de concesión que dejó al Estado sin control de los datos y con escasos beneficios económicos. Reemplazar a ese proveedor implicó tocar un negocio rentable y estable para dicha empresa. Es evidente que Dekolor no renunció fácilmente a ese mercado: sus 12 intentos de detener la licitación a nivel judicial y administrativo lo confirman. Al fracasar esas vías, queda la arena de la opinión pública. La denuncia de ADOCCO recoge varios argumentos que coincidentemente habían sido esgrimidos por o a favor de Dekolor durante el proceso: que el pliego era “traje a la medida”, que se exigían requisitos financieros y de consorcios exagerados, etc. Incluso la cifra de la línea de crédito (US$25 millones) fue ventilada por primera vez por la Fundación Justicia y Transparencia en julio, en apoyo tácito a la posición de Dekolor de que había barreras de entrada. No sería descabellado pensar que, tras perder en los tribunales, el antiguo contratista o sus allegados hayan encontrado en ADOCCO un vehículo para mantener viva la oposición al resultado de la licitación. ADOCCO, como entidad de la sociedad civil, ofrece un manto de legitimidad ciudadana a denuncias que, en origen, pudieron ser fomentadas por intereses empresariales desplazados. La aparición del nombre de Jochi Gómez en la trama es ilustrativa: Gómez es un empresario vinculado a la industria de impresión de documentos de seguridad y, según la querella de Morrison, fue mencionado como instigador de acciones contra él. ¿Podría ADOCCO estar canalizando esas “acciones” preparadas? La pregunta es válida, máxime cuando el propio presidente de ADOCCO declaró tener “pruebas documentales” de las irregularidades. que, presumiblemente, alguien tuvo que proveerle. ¿Quién mejor posicionado para proveer documentación interna del proceso que quienes participaron o quisieron participar en él? Es plausible que actores con notoriedad en el sector (empresarios antes favorecidos en contratos de cédulas, pasaportes o licencias) estén detrás de la información y el impulso de esta denuncia, buscando revertir un resultado que les es adverso económicamente.
2. Timing político y mediático: La denuncia de ADOCCO se presentó el 8 de octubre de 2025, apenas dos días después de firmarse el contrato con el consorcio ganador y en plena precampaña electoral con miras a 2024/2025 en República Dominicana. Milton Morrison, aunque funcionario técnico, también es líder de un partido aliado al gobierno (País Posible). Un ataque a su gestión puede tener repercusiones políticas para el oficialismo, particularmente si consigue minar la narrativa de transparencia que el gobierno defiende. ADOCCO ha sido muy activa en denuncias de corrupción en distintos estamentos, algunas con fundamento y otras no tanto; su oportuno pronunciamiento en este caso podría obedecer a una agenda donde golpear una iniciativa emblemática de modernización estatal genera ruido que eventualmente capitaliza la oposición política. No se afirma aquí que ADOCCO actúe por motivaciones partidistas, pero sí que el contexto político-electoral crea incentivos para amplificar cualquier alegación de corrupción, sea sólida o débil, en aras de desgastar a figuras del gobierno. Morrison, al liderar un contrato tan grande, se volvió un blanco atractivo para ese escrutinio. Es revelador que, tras la denuncia, medios y redes sociales replicaron inmediatamente la acusación, a veces sin contrastar con los descargos del Intrant. Figuras conocidas por su oposición al gobierno difundieron titulares acusando a Morrison casi como culpable consumado. Este patrón sugiere una posible coordinación mediática para maximizar el impacto de la denuncia, algo que suele ocurrir cuando hay grupos interesados en derribar la credibilidad de un funcionario o revertir una decisión oficial.
3. Elementos omitidos o cambiantes en la denuncia: Al leer el documento de ADOCCO y sus declaraciones públicas, se nota que algunos datos contextuales brillan por su ausencia. Por ejemplo, la organización acusa riesgo por la concentración de datos en un solo consorcio, pero omite mencionar que antes los datos estaban concentrados en una sola empresa privada (Dekolor) sin control estatal –una situación objetivamente peor en términos de seguridad–. Tampoco reconoce que con Mobility ID el Estado recupera propiedad sobre la base de datos y el software. Este sesgo indica que la denuncia enfatiza lo negativo potencial sin comparar con el estatus quo previo, lo cual habría dado una imagen más equilibrada. Otro ejemplo: se menciona la supuesta documentación falsa del fabricante de impresoras, pero no se menciona que si tal falsedad se comprueba, conllevaría sanciones para la empresa, protegiendo al Estado. Es decir, se plantea como si el contrato estuviera consumado bajo engaño y fuese irreversible, cuando legalmente existen cláusulas para resolver contratos por dolo, algo que el lector no informado podría no saber. Además, ADOCCO señala violaciones al cronograma y a la ley de contrataciones, pero no menciona que intrant contó con veedores y aval de Contrataciones Públicas. Estas omisiones deliberadas apuntan a construir una narrativa incriminatoria omitiendo piezas que la matizarían o la refutarían.
Por otro lado, se observan cambios en las versiones de ciertos detractores del proceso. Mientras en julio la Fundación Justicia y Transparencia hablaba de requisitos desproporcionados y pedía corregir el pliego, ahora en octubre ADOCCO habla de confabulación y crímenes penales. La retórica escaló dramáticamente. Es posible que al ver que la licitación siguió adelante, los opositores pasaran de argumentos técnicos a ataques personales y legales contra el director del Intrant. Esta escalada sugiere cierta desesperación por frenar la implementación del contrato a toda costa. De hecho, la propia ADOCCO reconoce que ya había impugnado la adjudicación ante el Intrant y la DGCP sin éxito (lo “ignoraron” según ellos)[69], por lo que acuden ahora al terreno penal como última vía. Este patrón coincide con las advertencias que Milton Morrison afirmó haber recibido: “te están preparando algo”, le habrían dicho. Al conectar los puntos, luce factible que la denuncia ante PEPCA sea el “Plan B” de quienes no lograron frenar la licitación ni por la vía administrativa ni por la jurisdiccional administrativa. Es decir, judicializar penalmente el tema para intentar invalidar el contrato o al menos empañarlo en la opinión pública.
4. Intereses económicos y reputacionales: Detrás de un negocio de RD$8,400 millones hay intereses económicos enormes. Empresas históricamente favorecidas (Dekolor en licencias, quizás otras en cédulas/pasaportes) enfrentan ahora la irrupción de un nuevo jugador conglomerado. Más allá de Dekolor, es sabido que en el sector de identidad y seguridad documental existen grupos económicos locales e internacionales con intensa rivalidad. Midas Dominicana y Thomas Greg & Sons, integrantes de Mobility ID, son competidores regionales de otras firmas tecnológicas. La denuncia de ADOCCO curiosamente no menciona a Dekolor, pero sí ataca a las empresas ganadoras. Esto posiblemente beneficia indirectamente a la imagen de Dekolor (presentándola como víctima de un proceso dirigido) y perjudica la reputación de Mobility ID, quizás sembrando dudas que podrían desembocar en la nulidad del contrato y en una eventual nueva licitación donde el antiguo suplidor u otros consorcios tengan otra oportunidad. En ese sentido, la denuncia podría formar parte de una estrategia comercial: si la presión pública logra que el gobierno reevalúe el contrato, se abriría la puerta para renegociar condiciones o incluso rescatar el antiguo esquema. En cuanto a ADOCCO, su motivación declarada es luchar contra la corrupción; sin embargo, organizaciones así también dependen de mantener relevancia mediática. Un caso de alto perfil como este le proporciona visibilidad. Si eventualmente las acusaciones se desestiman, ADOCCO siempre puede argüir que puso el dedo en la llaga y que gracias a eso se investigó, capitalizando moralmente el episodio aunque no prospere legalmente. Es un juego de incentivos donde cada parte tiene algo que ganar: los antiguos contratistas, la posibilidad de recuperar el negocio; ADOCCO, notoriedad e incidencia; la oposición política, munición contra el gobierno; y los medios, una historia atractiva de posible corrupción. Quien tiene más que perder, en cambio, es Milton Morrison, cuya trayectoria y gestión están en entredicho públicamente. Por eso resulta fundamental este tipo de ejercicio periodístico de contrastar las denuncias con los hechos verificables, para ofrecer una visión más equilibrada.
En conclusión, el trasfondo de la denuncia de ADOCCO sugiere la confluencia de intereses económicos heridos y dinámicas políticas y mediáticas. Esto no significa que la denuncia sea fabricada sin ningún sustento –algunas de sus premisas merecen auditoría, como lo del documento técnico de la impresora–, pero sí indica que posiblemente se está usando una lupa más severa de lo habitual contra este proceso en particular, motivada por quienes hubieran preferido que nada cambiara en la emisión de licencias. El lector hará bien en considerar cui bono –¿a quién beneficia?– cada narrativa: la de corrupción o la de transparencia. A la luz de las evidencias documentadas, se observa que el proceso tuvo niveles inéditos de vigilancia y que Milton Morrison actuó enfrentando fuertes presiones externas. Las “irregularidades” señaladas por ADOCCO, hasta ahora, no pasan de ser alegaciones no comprobadas, mientras que lo que sí está documentado son los intentos de soborno e intimidación sufridos por el funcionario para torcer el proceso. Esta inversión de papeles –el acusador tiene conexiones con actores posiblemente corruptores, y el acusado denunció corrupción– obliga a pensar que las cosas podrían no ser lo que parecen a simple vista.
Conclusión: una invitación a la reflexión crítica
El caso de la licitación de licencias de conducir del Intrant se ha convertido en un campo de disputa narrativa: por un lado, se presenta como un ejemplo más de corrupción estatal y colusión, y por otro, como un esfuerzo de reforma transparente asediado por intereses afectados. Tras este recorrido por los hechos, documentos y contexto, no corresponde a este artículo declarar ganadores morales. La Justicia dominicana y los órganos competentes deberán investigar a fondo las denuncias de ADOCCO, así como cualquier posible falta en el proceso. No obstante, los elementos analizados ofrecen al lector un panorama mucho más completo que el titular escandaloso inicial.
Hemos visto que la licitación estuvo bajo intensa observación de principio a fin, con veedores civiles, acompañamiento de la DGCP y la intervención de tribunales que terminaron avalando su continuidad. La figura de Milton Morrison, lejos de esconderse, se mostró combativa contra la corrupción –denunciando sobornos– y abierta a la transparencia –invitando supervisión externa–, comportamientos que difícilmente encajan con el perfil de alguien confabulado en la sombra. Por su parte, ADOCCO cumple su rol al cuestionar posibles irregularidades, pero el análisis sugiere que sus acusaciones deben tomarse con cautela, sopesándolas con la evidencia disponible y entendiendo el juego de intereses en derredor.
La invitación final es a la reflexión crítica. En un país que clama por instituciones más limpias y eficientes, es vital celebrar los procesos realmente transparentes y señalar sin miramientos los corruptos. Confundir uno con otro por falta de información completa sería injusto y contraproducente. Si el proceso de licitación de licencias del Intrant fue en efecto “más riguroso y transparente de lo que la denuncia sugiere”, como parecen indicar muchos de los datos presentados aquí, entonces cabrá reconocerlo así y protegerlo de ataques infundados. Y si en cambio alguna irregularidad de fondo aparece demostrada, no debería dudarse en rectificar y sancionar, pero siempre sobre la base de pruebas fehacientes y no de conjeturas.
Al cerrar este reportaje, quedan sobre la mesa las siguientes certezas documentales: un contrato firmado con todos los avales legales, un funcionario que denunció intentos de corrupción en vez de ceder a ellos, y una mejora sustancial prometida en un servicio público esencial. Frente a esto, persisten interrogantes que solo el tiempo y las investigaciones disiparán: ¿hubo realmente dolo en la actuación de Milton Morrison o del consorcio adjudicado? ¿O estamos ante un caso donde la transparencia incomoda a quienes lucraban en la opacidad? El lector, con los insumos presentados, podrá formarse un juicio más informado y equilibrado. La democracia dominicana se fortalece precisamente cuando la sociedad exige tanto procesos públicos pulcros como denuncias responsables y bien fundamentadas. Este caso podría, paradójicamente, ofrecer una valiosa lección de ambos aspectos: que la transparencia institucional es el mejor antídoto contra la corrupción, y que la verdad documental es el mejor remedio contra las acusaciones temerarias.
En definitiva, ni la credibilidad de Milton Morrison debe darse por destruida por una denuncia en curso, ni la voz de la sociedad civil (vía ADOCCO) debe desestimarse sin más. La clave está en analizar con espíritu crítico, mantener la exigencia de rendición de cuentas y, sobre todo, defender la institucionalidad: si un proceso ha sido limpio, merece ser defendido con la misma vehemencia con que denunciamos los procesos turbios. La última palabra la tendrán las investigaciones oficiales, pero mientras tanto, la ciudadanía informada puede formarse su opinión, alejándose de fanatismos y ponderando los hechos en su justa dimensión. La reflexión crítica, sustentada en evidencia, es la mejor guía para no caer en narrativas parciales. Y es esa reflexión la que finalmente permitirá separar la verdad de la confabulación, en este y en cualquier caso que involucre los intereses colectivos de la nación.
Fuentes consultadas: Documentos oficiales del proceso de licitación, comunicados de Intrant, decisiones de la DGCP, declaraciones de ADOCCO en medios (El Nuevo Diario, Listín Diario, Ventana Digital RD), reportes de prensa sobre la adjudicación (Diario Libre), y perfil profesional de Milton Morrison (Hoy y archivos institucionales).
"Adocco denuncia al director del Intrant por «irregularidades» en licitación para licencias de conducir" – El Nuevo Diario (República Dominicana)
"ADOCCO denuncia a director del INTRANT y Consorcio Mobility ID ante el PEPCA por licitación de RD$8,400 millones"
"Solicitan anular pliego de condiciones en licitación INTRANT sobre licencias de conducir "| RC Noticias
" Contratan consorcio de empresas para la emisión de nueva licencia" - Diario Libre
'Intrant: Licitación para licencia de conducir continúa su curso" - Diario Libre
" Declaran inadmisible solicitud de investigación sobre licitación del INTRANT "| Noticias SIN
"TSA suspende licitación de Intrant para licencias de conducir"
18.6.2025 CONTRATO SERVICIO LPN.pdf
file://file_00000000f694622f8c06d54c4e521e71
¿Quién es Milton Morrison el nuevo director del Intrant?
https://hoy.com.do/quien-es-milton-morrison-el-nuevo-director-del-intrant/
Milton Morrison - Wikipedia, la enciclopedia libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Milton_Morrison
"Milton Morrison dice que ya no quería seguir en Edesur" - Listín Diario